«Ser la Fórmula 1 de la próxima generación». Este es, ni más ni menos, el objetivo de la naciente Drone Champions League (DCL), convertida en una de las principales competiciones en el mundo de estos vehículos aéreos que tan de moda están y que en más de una casa serán regalo de esta Navidad.

Las previsiones indican que para las próximas dos décadas, solo en Europa, la industria de los drones alcanzará un volumen de negocio de 11.000 millones de euros (u$s 13.000 millones), por lo que el objetivo de la DCL no es otro que el de aprovechar este crecimiento y sumar al máximo número de aficionados a sus carreras.

La categoría cerró la edición 2017 otorgando un premio de 100.000 euros, con una comunidad en las redes sociales que ya supera los 220.000 seguidores y unas perspectivas futuras muy prometedoras gracias también a su videojuego, el cual según Tom Weirather, cofundador y jefe de ventas del certamen, considera su «mayor oportunidad de negocio». «Las carreras de drones son uno de los mercados más prometedores para el futuro y muestra un gran potencial comercial», asegura en una entrevista que releva el diario Expansión.

Entre el elenco de compañías que han apostado por patrocinar la categoría destaca el respaldo de Conrad Electronics, tienda online dedicada a la electrónica, mientras que Trilux -especializada en iluminación- y Neutrik -fabricante de conectores para aparatos de vídeo y sonido- están presentes como proveedores técnicos. Por su parte, Vodafone, FL1 y McDonalds han sido sponsors locales para eventos concretos.

Pese a que la competencia está todavía lejos de tener una audiencia cercanas a las de las competiciones clásicas del mundo del motor, cuenta con particularidades que invitan apostar por ella con vistas al largo plazo. «Es una gran plataforma para mostrar un pensamiento innovador y atraer a los Millennials, que para la mayoría de las marcas es un público objetivo muy relevante», subraya Weirather. El patrocinio incluye espacios en el circuito, activación a través de las redes sociales y la utilización de contenido audiovisual, añade.

En lo que se refiere a la organización del campeonato, por ahora consta de cinco pruebas, París, Liechtenstein, Bruselas, Salina Turda y Berlín, pero la idea es llegar a Asia, dada la masa de aficionados con la que cuentan en Japón, India, Tailandia y China.

La Comisión Europea estima que en las próximas dos décadas la industria de los drones generará 100.000 empleos, incluyendo a los pilotos profesionales, cuyo mejor jugador ya ganó u$s 300.000.

La nueva normativa de uso de drones en España abre un filón de servicios en las ciudades: los hospitales podrán transportar sangre y material urgente por encima de atascos y calles anegadas por lluvias, las fuerzas de seguridad vigilarán mejor y los monumentos podrán ser inspeccionados desde el aire. El nuevo real decreto sobre uso de drones, que entrará mañana en vigor tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), amplía a cinco los escenarios operativos de estas aeronaves no tripuladas, que desde ahora podrán volar también en las ciudades, siempre y cuando cumplan con los requisitos de seguridad exigidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

«No hay que confundirse, no es que ahora vayamos a ver drones volando por la ciudad sin ningún control, ni mucho menos», pero sí se utilizarán para muchos más servicios, asegura a Efefuturo el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Israel Quintanilla, director del máster en Construcción, Pilotaje y Aplicaciones de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (MUAS) en la UPV, que cuenta con más de cien profesores y 30 instituciones y empresas involucrados en su docencia.

Hasta ahora, el único escenario legal operativo para drones era el vuelo de día en zonas rurales, fuera de las ciudades.

Desde 2014, con la aprobación del primer marco regulador temporal para actividades con drones, se han habilitado casi 3.000 empresas en el sector, además de 3.693 pilotos y 4.283 drones; También se dedican a ello en España 74 escuelas de formación y una veintena de fabricantes, según datos oficiales.

Con el nuevo reglamento se impulsarán nuevos escenarios operacionales, como poder volar en espacio aéreo controlado, vuelos nocturnos, o impulsar nuevas actividades urbanas como la limpieza de rascacielos, inspección de fisuras o daños arquitectónicos de monumentos emblemáticos, control aéreo del tráfico, vigilancia de costas, según el experto.

PODRAN SOBREVOLAR ENTORNOS URBANOS

Bajo el requisito obligatorio de la seguridad, en España los drones podrán sobrevolar entornos urbanos con personas, siempre que no sobrepasen los 120 metros de altura ni un peso superior a 10 kilogramos.

En el caso de que la actividad pudiera entrañar riesgos, según AESA, se exigirían medidas para mitigarlos (ampliar el número de hélices de los drones, acompañarlos de paracaídas, acordonar zonas de trabajo para evitar accidentes, etc).

El radio visual máximo de desplazamiento de los drones en la ciudad será de cien metros, a una distancia de al menos 50 metros en horizontal de edificios y personas, lo que hace pensar que de momento, multinacionales como Amazon no optarán por transportar mercancías por el aire, según el experto.

El doctor ingeniero de la UPV y miembro de la Comisión Asesora de Drones de AESA recuerda que Amazon ya ha realizado pruebas de transporte de mercancías con aeronaves no tripuladas en el Reino Unido, y «lo que quiere es que el proceso sea automatizado». Sin embargo, actualmente toda la normativa a nivel internacional exige un piloto detrás del dron.

Con la nueva regulación de RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), que es como se denominan técnicamente los drones pilotados, estas aeronaves también podrán volar por la noche y en el espacio aéreo controlado, es decir, en el de la aviación tripulada.

Asimismo, el nuevo reglamento determina que en zonas despobladas el radio de visión de 500 metros (que equivale aproximadamente a 80 hectáreas, es decir unos 160 campos de fútbol) es ampliable a otros 500 sucesivamente, siempre que un observador mantenga contacto visual con el artefacto.

Todos estos nuevos escenarios operacionales fomentarán el crecimiento del sector por permitir actividades que hasta la actualidad no eran viables. Así, se podrá ampliar la superficie de vuelo de servicios de agricultura de precisión, cartografía, vigilancia de cultivos, control de vertidos de escombros, o inspección de construcciones ilegales en el campo que ya se venían haciendo en espacios más reducidos.

En España, se está trabajando «muy bien a nivel regulatorio» con una integración paulatina de los drones en la vida cotidiana. «Estamos en la misma fase legislativa que países como Alemania, Reino Unido o Francia», señala Quintanilla.

Se están generando aplicaciones y casos de éxito que hasta hace poco eran «impensables», como el caso del ayuntamiento valenciano de Algemesí, que utiliza drones para la vigilancia de hurtos de campos de naranjas, y también se usan para servicios de emergencias o vigilancia marítima.

Quintanilla insiste en que la nueva normativa «permitirá cualquier actividad siempre que se disponga del correspondiente estudio de seguridad operacional» realizado por el operador del dron, y en su caso, aprobado por AESA, haciendo uso de la metodología SORA que ha sido desarrollada por el organismo internacional JARUS.

Desde AESA se está haciendo «un gran esfuerzo» para que la nueva normativa sea acorde a la futura legislación que se aplicará en Europa en el año 2021, añade el experto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes un real decreto por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, conocidas como drones, que abre el pilotaje de este tipo de aeronaves a personas con discapacidad.

Según informa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en una nota de prensa, la norma reglamentaria dispone que se establecerán unas pruebas psicofísicas específicas para personas con discapacidad.

De esta forma, se evita que se les aplicaran, como ocurría hasta ahora, los mismos requerimientos médicos que a los pilotos de aeronaves tradicionales, lo que impedía en la práctica que las personas con discapacidad pudieran acceder al pilotaje de drones, tanto como actividad recreativa como desarrollo profesional.

El Gobierno atiende así una demanda del Cermi que planteó al Ministerio de Fomento sobre la necesidad de flexibilizar los requisitos médicos exigidos en la normativa española respecto de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto.

«Para el Cermi y la industria naciente alrededor de los drones, este subsector puede a corto y medio plazo constituir un yacimiento relevante de empleo para personas con discapacidad, siempre que se atenuasen las restricciones que regían hasta ahora respecto de las personas con discapacidad en los aspectos médicos, todo ello sin relajación de la seguridad aeronáutica», agrega la entidad.

El Cermi recuerda que la aplicación al pilotaje de drones de las mismas o similares exigencias médicas que se requieren a los pilotos de aeronaves comerciales, en cuanto a condiciones de aptitud psicofísica, «estaba imposibilitando que muchas personas con discapacidad pudieran acceder al título de piloto de estas aeronaves, produciéndose por tanto una pérdida de posibilidades laborales en este creciente sector de actividad económica».

La petición que el Cermi dirigió a Fomento y ahora recogida en la norma reglamentaria pretendía que para el pilotaje de drones no se aplicasen los mismos requisitos médicos que para el resto de aeronaves, sino que se estableciera una regulación médica específica, ‘ad hoc’, dado que son realidades objetivamente distintas, que permitieran que las personas con discapacidad pudieran acceder a este desempeño profesional, ampliando sus oportunidades de empleo de modo notable, sin las restricciones casi totales con las que se enfrentaban hasta este momento.

Por último, la entidad explica que en el real decreto por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto que publica el BOE, en cuya elaboración el Cermi ha sido consultado, se prevé que las personas con discapacidad deberán ser titulares de un certificado médico nacional emitido conforme a los requisitos que se establezcan por orden del Ministro de Fomento, en cuya tramitación se consultará al Consejo Nacional de la Discapacidad.